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Conferencia
Inaugural: | |
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Jose Mª Olaguibel Rivera Hospital Virgen del Camino. Pamplona. |
La profesión médica atraviesa actualmente un periodo difícil en la mayoría de las sociedades desarrolladas. Las causas son posiblemente múltiples si bien un parte importante se explica en las disonancias internas de la propia profesión médica, sumida en una crisis de valores tradicionales, junto, por otra parte, con el papel cada día más actico de otros agentes sociales, que hasta hace poco jugaban un rol mucho menos intervencionista1, 2. La profesión médica desde sus comienzos por sus características específicas que se presentan en la tabla I y por la naturaleza de su ejercicio ha sufrido un proceso de regulación por parte de los gobiernos. Este interés regulador es, progresivamente, cada vez más activo, incluso en sociedades de gran tradición liberal. Uno de los pilares fundamentales de los denominados estados de bienestar es la sanidad, de forma que los gobiernos necesitan de los profesionales médicos para mantener este bastión del estado de bienestar y los profesionales médicos necesitan de los gobiernos para mantener sus privilegios, en especial el de la auto regulación o regulación compartida de su trabajo, que es lo que esencialmente caracteriza al profesional y al profesionalismo3. El profesional médico, además, controla hoy más que nunca, la utilización de la parte más importante de los recursos sanitarios, al monopolizar diversas áreas del sistema como son la solicitud de pruebas diagnósticas, las interconsultas, los ingresos y altas y el establecimiento del plan terapéutico. A todo ello se suman la elevada tecnificación de la asistencia, que acarrea unos costes progresivamente crecientes. De esta forma, la proporción del producto interior bruto que se dedica al gasto sanitario es cada vez mayor y pone en serios aprietos a estos estados de bienestar. Todo ello justifica esta necesidad de regulación de la profesión, que debe no obstante estar orientada siempre en una doble vertiente: por una parte la protección de los ciudadanos frente a las eventuales incompetencias o abusos de los médicos, pero por la otra esta regulación debe facilitar ejercicio profesional dentro de un estricto marco de libertad y garantía de condiciones adecuadas1, 3. Los estados en general, independientemente de su implicación en la prestación de los servicios sanitarios, se reservan 3 ámbitos de responsabilidad exclusiva: el acceso al sistema de salud, la calidad de la prestación y sus costes. Salvo en los regímenes autoritarios en los que todos los ciudadanos incluyendo los profesionales están sometidos a una regulación estatal directa, en el resto de regímenes democráticos esta regulación es compartida y puede dividirse en dos componentes fundamentales:
En nuestro país estos organismos oficialmente reconocidos son los colegios de médicos (la organización médica colegial), si bien existen otros agentes como las sociedades científicas, tienen un papel cada vez más preponderante en el sentido de regular la práctica médica y su variabilidad, mediante el desarrollo de normativas o guías de práctica clínica. Para que esta autoregulación sea efectiva y socialmente aceptable debe llevarse a cabo con convicción, alejada de tentaciones corporativistas y recalcando su compromiso con la defensa y protección de la salud del paciente4, 5. Los componentes de esta autoregulación se presentan en la TABLA II. Todos estos componentes son necesarios e importantes, si bien la introducción de la revalidación es ciertamente una piedra angular del proceso. La revalidación se entiende como la introducción de algún tipo de requisito periódico para poder mantener un determinado estatus profesional. En la figura 1 se presentan los dos niveles a los que se aplica. En primer lugar al mantenimiento de la licencia para ejercer la medicina, que podría denominarse relicencia, y cuyo organismo natural de regulación sería la organización médica colegial, y en un segundo nivel estaría el mantenimiento de la certificación como médico especialista, que podría denominarse en este caso recertificación. Parece claro que en este segundo nivel el papel de las sociedades científicas debería ser primordial, por supuesto en sinergia con los colegios profesionales3, 6. Esta recertificación debe estar basada en un proceso de desarrollo profesional continuado, entendido este como el proceso que vela por el mantenimiento de las competencias profesionales y por tanto, además del proceso formativo, tiene un componente de evaluación, que asegura al profesional que su práctica clínica está dentro de unos estándares de calidad adecuados. Los profesionales deben entender que el DPC no es un proceso de control externo, sino de autocontrol, de forma que esta herramienta nos permita tener un equilibrio adecuado entre lo que he hecho (mi curriculum) y lo que debería hacer (desarrollo y mantenimiento progresivo de todas las competencias). Se convierte, por tanto, en un servicio primordial que la sociedad científica ofrece a sus miembros. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha iniciado la andadura del DPC. Su esquema se presenta en la figura 2 y figura 3. Una de las principales fortalezas de SEAIC es el disponer de comités técnicos que pueden elaborar un mapa completo de competencias y dilucidar sobre los métodos más idóneos para sus respectivas evaluaciones. Se pretende un modelo de DPC básico, asequible a todos los socios, independientemente de sus grados de experteza o de su nivel asistencial, y que comprenda todas las áreas de la especialidad. Además, se pretende que sea articulado sobre un sistema de gestión sencillo. Contamos con el asesoramiento técnico de la Fundación para la Educación Médica que velará para la buena marcha y la calidad del proyecto. Como homenaje a sus años de dedicación y al entusiasmo por la especialidad de alergología, SEAIC ha querido que su programa de DPC lleve el nombre de Dr Jose Mª. Negro. Una vez consolidado este modelo básico, en un futuro se podría profundizar en su desarrollo con modelos más complejos, como el que se presenta en la figura 4, en el que se pudieran contemplar distintos niveles de experteza. Además de facilitar el proceso de recertificación, este proceso de DPC va a poder regular la oferta de formación médica continuada, a menudo poco racional. A través del proceso DPC conoceremos nuestras verdaderas necesidades de formación en todos los campos de la especialidad. Por último comentar que este proceso ya se ha iniciado en otros países de la Unión europea. Las directivas de la UE básicamente se han preocupado de la formación de grado y de especialización. Desde la Declaración de Basilea, la Unión europea de especialidades médicas (UEMS) contempla el proceso de FMC/DPC como una obligación ética de los médicos. La UE no ha establecido un sistema obligatorio para FMC/DPC si bien varios estados miembros han creado sistemas obligatorios, como se recoge en la tabla III7, 8.
AGRADECIMIENTOS Mi más sincero agradecimiento al la Fundación Educación Médica y en especial a los profesores Arcadi Gual y María Nolla Domenjó, por su asesoramiento técnico y ayuda inestimable en el desarrollo del proyecto de DPC de SEAIC. A todos los miembros del comité técnico de Formación continuada de SEAIC, en especial a los Drs. Eduardo Fernández y Carlos Colás por su entusiasmo y dedicación.
REFERENCIAS
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